La pregunta que Colombia debería hacerle a su próximo presidente

Antes de volver a caer en la discusión y la polarización de siempre -que no es el propósito de esta columna-, Colombia tendría que parar un momento y hacerse una pregunta clave: ¿quién puede crear las condiciones para que en este país sea más fácil emprender, invertir, competir y generar oportunidades reales?

Porque el mejor candidato no es el que promete más, ni el que reparte más, ni el que grita más duro. Es el que entiende cómo lograr que Colombia produzca más, atraiga inversión, abra más espacio para la iniciativa de la gente y deje de ponerles menos trabas a quienes quieren salir adelante trabajando y creando valor.

A medida que Colombia se acerca a un nuevo ciclo electoral, valdría la pena mover una parte de la conversación pública. Menos indignación automática, menos pelea predecible, y más discusión seria sobre el tipo de país que queremos construir. Porque aquí hablamos mucho de cómo repartir mejor lo que hay, pero bastante menos de cómo hacer para que haya más. Y en esa diferencia se juega buena parte del futuro económico del país.

La próxima elección presidencial debería servir para eso: para abrir una conversación menos enfocada en administrar la escasez y más centrada en crear las condiciones para la prosperidad. No es una discusión ideológica en el sentido clásico. Es una discusión práctica. Muy práctica. Se trata de entender qué tipo de entorno necesita Colombia para que invertir, emprender, innovar y formalizarse dejen de ser una carrera cuesta arriba.

Durante años hemos oscilado entre dos simplificaciones que no ayudan. Una dice que el mercado, por sí solo, va a corregir todos los problemas de productividad, inclusión y acceso. La otra supone que el Estado puede reemplazar sin problema la capacidad de millones de ciudadanos, emprendedores y empresas para crear valor. Ninguna de las dos explica bien lo que pasa en la realidad.

La discusión de fondo no es escoger entre Estado o mercado como si fueran enemigos. La discusión real es si somos capaces de construir un Estado que haga bien lo que solo el Estado puede hacer, sin meterse a dañar lo que la sociedad y la economía pueden hacer mejor cuando existen reglas claras.

Y ese punto importa más de lo que a veces parece. Un Estado que funciona no es el que quiere dirigir cada decisión económica. Es el que garantiza competencia, seguridad jurídica, infraestructura, educación pertinente y una regulación razonable. No está para mirar con sospecha permanente a todo el que gana plata, como si toda ganancia fuera abuso. Pero tampoco para lavarse las manos y pensar que el crecimiento llega solo. Su papel es mucho más concreto: poner reglas confiables para que valga la pena tomar riesgos, invertir, competir y construir empresa.

En Colombia, sin embargo, esa conversación suele quedarse a medias. Se habla mucho de justicia social, pero mucho menos de los mecanismos concretos que permiten financiarla de forma sostenible. Se invoca la equidad, pero se habla poco del costo que tiene un entorno que castiga la formalidad, complica la creación de empresa y vuelve incierta la inversión. Se promete protección, pero muchas veces las barreras regulatorias terminan protegiendo menos a los ciudadanos que a quienes ya están adentro y no quieren competencia.

Ahí debería empezar, de verdad, el examen a los próximos candidatos presidenciales. No en las consignas. No en los discursos más emocionantes. No en quién logra instalar mejor un enemigo. La pregunta debería ser otra: ¿entienden de verdad cómo funciona —y cómo se tranca— el aparato productivo del país?

¿Entienden qué obstáculos enfrenta una pequeña empresa para abrir, contratar, financiarse y crecer?¿Saben distinguir entre una regulación que corrige un problema real y otra que solo mete más fricción?¿Están dispuestos a desmontar privilegios, monopolios de hecho, trámites innecesarios y zonas grises que hoy frenan la competencia?

Esas no son preguntas menores. En un país como Colombia, con brechas serias de productividad, el crecimiento no depende solo de grandes reformas ni de anuncios de titular. También depende de miles de decisiones cotidianas. Depende de si vale la pena formalizarse. De si contratar deja de ser una apuesta demasiado costosa. De si un actor nuevo puede competir contra jugadores protegidos. De si el crédito llega. De si la regulación acompaña la innovación o llega tarde a frenarla. Cuando todo eso falla, la economía se vuelve más cerrada, más concentrada y menos dinámica. Y cuando eso pasa, la desigualdad se endurece.

Además, el problema hoy tiene una dimensión todavía mayor. La próxima presidencia no va a gobernar la economía de hace diez años. Va a gobernar en un entorno marcado por inteligencia artificial, automatización, plataformas digitales, competencia global por talento y cadenas de valor que se están reorganizando a toda velocidad. En ese escenario, las ventajas tradicionales cuentan menos. Lo que pesa ahora es la capacidad de adaptarse rápido.

Por eso, la pregunta de fondo no es si Colombia va a participar en la nueva economía. Va a participar, quiera o no. La pregunta real es en qué lugar lo va a hacer. Puede entrar como consumidor tardío de tecnologías diseñadas en otros países, o puede hacerlo como un país que también crea valor, forma talento relevante y atrae inversión de largo plazo. Y la diferencia entre una cosa y la otra no está en el discurso político. Está en la calidad del sistema educativo, en la estabilidad de las reglas, en la infraestructura digital, en la profundidad del mercado de capitales, en la confianza en las instituciones y en la velocidad con la que una buena idea puede convertirse en una empresa viable.

En ese frente tampoco sirven las respuestas vagas. Quien aspire a la Presidencia debería poder explicar con claridad cómo piensa acelerar la formación de capital humano en áreas de alta demanda, cómo va a reducir el costo de la informalidad, cómo va a darles más previsibilidad a quienes invierten sin debilitar la supervisión pública y cómo va a impulsar una economía más competitiva sin caer ni en proteccionismos inútiles ni en aperturas ingenuas. Ahí se ve la solidez de una propuesta. Mucho más que en cualquier frase altisonante sobre crecimiento o justicia.

También nos haría bien una conversación más honesta sobre el lenguaje económico que domina la política colombiana. Aquí se habla con relativa facilidad de redistribución, pero todavía con cierta incomodidad de creación de riqueza, como si producir más, crecer y acumular capital de manera legítima fuera un tema sospechoso o secundario. Y no lo es. Una sociedad que no amplía su base productiva, que no mejora su productividad y que no facilita la inversión termina dependiendo de una riqueza que no crece lo suficiente para sostener sus propias promesas.

Nada de esto significa renunciar al papel del Estado en corregir desigualdades, proveer bienes públicos o proteger a los más vulnerables. Significa entender algo más básico: esa tarea solo es sostenible si detrás hay una economía vigorosa, competitiva y capaz de expandirse. Sin crecimiento sostenido, la política social pierde margen. Sin inversión, la productividad se estanca. Sin competencia, la innovación se frena. Y sin instituciones confiables, el capital —y también el talento— se va para otro lado.

Por eso Colombia necesita una discusión presidencial menos moralista y más estructural. Menos obsesionada con castigar símbolos y más concentrada en corregir incentivos. Menos atrapada en la confrontación entre etiquetas ideológicas y más enfocada en una pregunta concreta: ¿qué condiciones deben existir para que más personas puedan producir, escalar y prosperar dentro de la legalidad?

Ese sería un debate mucho más útil para el país. No porque vaya a resolver por sí solo nuestras fracturas históricas, sino porque obliga a mirar la economía como lo que realmente es: un sistema de reglas, capacidades y señales. Y porque recuerda algo elemental que Colombia a veces pasa por alto: los países no progresan solo por la calidad de sus intenciones políticas, sino por la calidad de sus instituciones económicas.